¿Qué tenemos en común los peruanos? Si se lo preguntásemos a cualquiera, la respuesta más probable, según un informe de 2019 del IEP, sería el fútbol, la cultura o la gastronomía. Después de todo, nadie podría negar que el país entero se detiene cuando se emite un partido de la selección, incluso si es uno amistoso. Sin embargo, creo también que hay algo que nos une aun más que el fanatismo por el deporte, algo en lo que no pensamos cuando hablamos de “unión”, esto es el desprecio por nuestros gobernantes.
Según la última encuesta de IPSOS, al presidente Castillo lo desaprueba el 72% y apenas el 29% considera que debe terminar su mandato. Aun más es la impopularidad del Congreso, primer poder del Estado, que alcanza el 82% de desaprobación según la misma encuesta. ¿A qué se debe esto? Considerando que son autoridades elegidas mediante voto popular, resulta paradójico que sean estos mismos votantes quienes los rechacen de manera tan ferviente.
Existen muchas explicaciones dependiendo del enfoque. En general, la legitimidad de una autoridad electa se deriva de dos factores: uno formal relacionado a la legalidad, y otro material, que depende de las acciones que el gobernante toma. Sin embargo, ambos factores sólo tienen sentido en tanto son percibidos por la ciudadanía, y no independientemente de ella. En sí, prima la percepción de los hechos antes que los hechos en sí. Por citar un ejemplo, importa muy poco si la disolución del Congreso de 2019 fue legal o no, lo principal para su legitimidad es que haya sido percibida como legal. Lo mismo sucedió con la vacancia de Vizcarra en 2020, que resultó en movilizaciones no por su ilegalidad, sino por la percepción colectiva de ilegalidad.
En un país donde, según CPI (2021), el 60% nunca leyó el texto constitucional, el papel de los medios es crucial para influenciar estas percepciones. Regresando a Castillo, debemos preguntarnos cuál es el origen de esta crisis de legitimidad. Antes de comenzar su gobierno, el componente formal fue el más cuestionado por sus opositores, quienes alegaban falsamente un fraude electoral. Luego, ya durante su gobierno, han sido sus acciones las que hicieron mella de su legitimidad, pasando por elecciones desafortunadas en el gabinete, falta de capacidad de generar acuerdos y en general, una pobre habilidad de gestión.
Desde ambos puntos de vista, es fundamental la percepción más que la realidad. Por un lado, se percibía el fraude no porque existían pruebas de este, sino porque había un sentimiento de que la elección había sido robada. Por otro lado, la percepción del mal gobierno no proviene de un análisis objetivo de las decisiones tomadas por Castillo, sino de las vivencias diarias de la población quien vive aquejada por problemas como la delincuencia, la corrupción y el costo de vida — como indica la última encuesta de IPSOS — y por los cuales el gobierno no toma medidas eficaces para contrarrestarlos.
Concentrémonos en este último punto: la desaprobación proviene de una percepción de mala gestión, y esta, a su vez, de un sentimiento de desconexión entre demandas ciudadanas y decisiones gubernamentales. En otras palabras, para solucionar la crisis de legitimidad es necesario que la autoridad se comporte como la ciudadanía, una suerte de representación sociológica abandonando sus juicios propios y primando sobre todo la semejanza.
Como mencionamos anteriormente, para la legitimidad no es importante el hecho sino la percepción de este. Es decir, el gobernante no debe hacer lo que la ciudadanía le pide, sino dar la imagen de que lo está haciendo. Para muchos, la clave del éxito del gobierno de Martín Vizcarra no estuvo apoyada en factores técnicos y verificables, sino en puras percepciones. Un presidente que salía continuamente en los medios a dar declaraciones, en conjunto con una narrativa populista daba una sensación de conexión que se reflejó en su nivel de aprobación, incluso cuando había sido cuestionado gravemente por casos de corrupción, como mostraba una encuesta de IEP en 2020. Otra ventaja era que, a diferencia de Castillo, no estaba vinculado a ningún extremo ideológico, por lo que le era fácil viajar entre ambos.
Lo cierto es que, al menos de manera objetiva, no debería evaluarse el éxito de un gobierno a partir de su aprobación. Sin embargo, es esta misma la que determina si este puede o no mantenerse en el poder y cumplir el proyecto que lo llevó a él en un principio. Resta esperar que el gobierno actual aprenda las lecciones que permitieron la supervivencia de quienes lo precedieron.
Comments