Desde el año 2000, una serie de gobiernos han enfrentado la insatisfacción y el descontento público en el Perú. La historia reciente del país ha estado marcada por la inestabilidad política, marcada por la corrupción, la falta de cohesión social y la incompetencia del gobierno. Este artículo examina los principales factores que contribuyeron al descontento público y cómo afectó la gobernabilidad en el país sudamericano.
Los agravios se remontan al año 2000, cuando el presidente Alberto Fujimori huyó del país en medio de escándalos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Luego de su renuncia, los sucesivos gobiernos enfrentaron la enorme tarea de restaurar la confianza pública en las instituciones estatales. Sin embargo, la corrupción siguió siendo un problema crónico en la política peruana y siguió socavando la credibilidad de los líderes gubernamentales.
El gobierno de Alejandro Toledo en 2001, no cumplió con las altas expectativas públicas de crecimiento económico y reducción de la pobreza. Las protestas y huelgas de los trabajadores se convirtieron en medios comunes para expresar el descontento entre el público que exige mejores condiciones de vida y una mayor inclusión social.
2006 fue escenario del segundo mandato presidencial de Alan García, quien enfrentó la resistencia de diversos sectores sociales que criticaban su política económica y su falta de medidas para reducir la pobreza y la desigualdad. Además, surgieron denuncias de corrupción en su administración y no tuvo resultados tangibles, el público una vez más comenzó a dudar de la efectividad del gobierno.
Por su parte, en 2011, Ollanta Humala asumió la presidencia con la promesa de un gobierno más inclusivo que sirviera a los más necesitados. Pero la realidad fue otra, su gobierno también estuvo marcado por escándalos de corrupción y estancamiento económico. Los residentes sintieron que las promesas no se habían cumplido, lo que aumentó su insatisfacción.
Las esperanzas de un cambio positivo se encendieron en 2016 cuando Pedro Pablo Kuczynski (PPK) asumió el poder. A pesar de los cambios iniciales en su mandato, enfrentó una feroz oposición del Congreso y enfrentó acusaciones de corrupción. La renuncia de PPK fue producto de escándalos políticos y éticos, que solo sirvieron para agudizar el descontento ciudadano.
La toma de posesión de Martín Vizcarra en 2018 marcó la continuación de la sucesión presidencial. A pesar de ser visto como un líder prometedor en la lucha contra la corrupción, su gobierno estuvo plagado de denuncias de irregularidades. La destitución de Vizcarra de su cargo por parte del Congreso en 2020 exacerbó la agitación política, lo que provocó protestas generalizadas y protestas contra la legislatura.
La situación del país empeoró con el brote de COVID-19 en 2020 y 2021. El gobierno de Francisco Sagasti enfrentó críticas por su manejo de la crisis sanitaria y económica, lo que provocó un aumento de la insatisfacción entre la población. El gobierno de Castillo comenzó con divisiones profundas en la sociedad peruana. Algunos sectores celebraron su ascenso como un cambio necesario, mientras que otros expresaron preocupación por sus posturas radicales y su falta de experiencia política. Durante su mandato inicial, se produjeron manifestaciones tanto a favor como en contra de su gobierno.
Actualmente, 2023, se le puede considerar el año del colapso de los gobiernos, la corrupción generalizada y la disidencia entre la población. Manifestaciones masivas, huelgas y una creciente desconfianza hacia las instituciones políticas han sido el resultado de este descontento. La inestabilidad política ha sido causada por la polarización y la falta de consenso que antes era posible.
Con la popular y temida “Tercera Toma de Lima”, vimos la gran inestabilidad y una disgustada población con el gobierno de Dina Boluarte, que usó a la policía como única pieza para manejar la situación, la cual vio conveniente utilizar bombas lacrimógenas y la fuerza. No se puede exentar la actitud agresiva de los ciudadanos que en un principio se acordó iba a ser pasiva, pero al haber fallecidos como resultado del enfrentamiento desde el primer día, deja pensado el por qué en su tiempo cuando hubo únicamente dos fallecidos en el gobierno provisional de Manuel Merino, se le acusó de homicida, y ahora que hay más (contando manifestaciones anteriores con un total de 61), no hay acusaciones formales contra la presidenta y equipo.
En definitiva, el pueblo peruano ha estado constantemente descontento con cada gestión, alimentado principalmente por la corrupción, la falta de resultados y la escasa integración social. El país se encuentra actualmente en una crisis política debido al fracaso de sus instituciones para garantizar una gobernabilidad efectiva.
Nacen varias interrogantes sin una respuesta definitiva sobre cómo podemos superar estos obstáculos ¿Nuevo proceso electoral? ¿Más huelgas? ¿Más leyes? ¿Reforma constitucional? Se requiere un esfuerzo genuino y permanente para combatir la problemática socio política -e incluso económica por el cierre de carreteras que paran el flujo y actividadesy mejorar la calidad de vida de toda la población del Perú.
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