Es de público conocimiento que el régimen democrático actual en el Perú carece de instituciones sólidas para procesar las demandas de la ciudadanía. La democracia peruana está condicionada por brechas sociales que operan desde que se instauró la república como horizonte político. En este sentido, la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus y la elección del gobierno del expresidente Pedro Castillo, generaron protestas por el incremento de la crisis política y representatividad.
De tal manera, la protesta social se ha convertido en el mecanismo de participación política más auténtico con el que cuenta la ciudadanía. La movilización pública representa un ejercicio activo y crítico de la democracia. En consecuencia, para poder analizar la protesta dentro de un régimen democrático, como es el nuestro, es necesario conceptualizar el término: sistema político. Según Robert Alan Dahl, un régimen democrático debe satisfacer por lo menos cinco criterios: participación efectiva, igualdad de voto, comprensión ilustrada, control de la agenda y ciudadanía inclusiva. Si ahondamos en el primer criterio, nos daremos cuenta de que el recurso de la manifestación pública ha sido central en los modos de participación política desde fines de los años setenta. Por lo cual, se habla así de “democracia de la protesta” para designar esta transformación de los modos de acción política, cuyo elemento central sería la institucionalización de la manifestación callejera en toda la población.
Ahora bien, es de relevancia analizar lo que ocurrió en las protestas contra el breve gobierno de Manuel Merino en 2020. Las protestas expresaron el hartazgo colectivo frente al criticado desempeño del Congreso, que había demostrado anteponer intereses particulares y partidarios a los problemas urgentes. Por tanto, con el propósito de deslegitimar a los manifestantes, el fugaz gobierno de Merino apeló al ya muchas veces utilizado “terruqueo”. Podemos decir que el “terruqueo” es un arma simbólica de control que utiliza el miedo para desmovilizar a la sociedad, así como para facilitar y justificar la represión por parte del Estado. Durante los últimos años, este ha sido el principal mecanismo empleado por autoridades estatales y algunos grupos conservadores para deslegitimar todo tipo de organización social y socavar el derecho a la protesta. Lo mencionado no solo sucede en Perú, sino que también en América Latina, la criminalización de la protesta se ha caracterizado por ser particularmente intensa en el caso de movimiento socio-territoriales, sobre todo donde participan comunidades, territorios indígenas o campesinos.
Por otro lado, actualmente, desde que Dina Boluarte juró la presidencia del país, miles de peruanos han salido a las calles para exigir su renuncia y la salida de todos los presentantes políticos del Congreso. La represión por parte de agentes de la Policía y la violencia ejercida por algunos de los manifestantes han dejado más de 50 muertos. Si bien en estas protestas si hubo actos de vandalismo a las estructuras públicas, se pretende analizar desde este ejemplo un enfoque explicativo al estallido de la protesta. En esta línea, la presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia PozziEscot, explicó que la alineación institucional de las más altas esferas de la política no cayó bien en un gran sector ciudadano que ya venía rechazando al Parlamento y exigiéndole al Gobierno una atención inmediata a sus demandas sociales. Dichas demandas –centradas en mayores oportunidades de desarrollo, acceso a derechos y servicios básicos– seguían trabadas aun en el mandato de Castillo, que se sumía cada vez más en acusaciones de corrupción, que hizo del manejo precario y antitécnico del aparato estatal su marca de gestión.
En suma, cómo se mencionó al principio, el Perú está condicionada por brechas sociales desde la fundación de la república, donde las protestas son la expresión de la fractura. El estallido social actual tiene, en realidad, sus raíces en un descontento de larga data por parte de los peruanos hacia sus representantes y también hacia la democracia. Por lo cual, se necesita un cambio donde los ciudadanos perciban que el Estado les retribuye sus derechos.
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