El pasado 4 de setiembre la población chilena rechazó la propuesta de una nueva constitución progresista en un referéndum que fue de carácter obligatorio. El texto propuesto contenía 388 artículos en los cuáles se estipulaba la garantía de 100 derechos y, que, otorgaba más derechos sociales que ninguna otra en el mundo. El plebiscito contó con la mayor participación en la historia de Chile: más de 13 millones de votantes acudieron a las urnas, siendo el 85,7% del padrón electoral. Los resultados demostraron el rechazo de los chilenos a la nueva constitución con un 62%.
Frente a esta situación cabe preguntarse ¿Cómo un país que aprobó la redacción de una nueva constitución en 2020 con un porcentaje del 78,27% ahora la rechaza con una mayoría del 62%? Esto puede explicarse por algunos factores controversiales que fueron determinantes para la población al momento de ejercer su voto. Uno de los principales aspectos fue la plurinacionalidad, la propuesta reconocía al Estado chileno como plurinacional, intercultural, regional y ecológico. De igual forma, reconocía la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Los motivos de por qué generó rechazo fue por el reconocimiento de la libre determinación y autogobierno de las naciones indígenas, gran parte de la ciudadanía consideró estas atribuciones públicas como una serie de derechos colectivos que constituían privilegios y que contradecían el principio de igualdad ante la ley. Asimismo, se generó un debate sobre el concepto de nación, teniendo como argumento que la declaración de Chile como estado plurinacional debilitaría la identidad nacional.
Por otro lado, otro aspecto que tuvo repercusión fue la eliminación del senado y su reemplazo por la Cámara de las Regiones, la cual estaría integrada por los representantes regionales, quienes durarían cuatro años en sus cargos y se elegirían por votación popular junto a las autoridades comunales. La edad mínima para integrar la nueva cámara sería de 18 años, en lugar de los 35 años que se exigen para entrar al Senado. La diferencia más importante y la que provocó más desacuerdos en la Convención, es que esta cámara no participaría en la tramitación de todas las leyes, sino que solo en “las leyes de acuerdo regional”. En este sentido, parte de la población argumentó que las atribuciones de la Cámara de las Regiones son pocas y que no tendría un contrapeso real a lo que decidan las diputadas y diputados.
En esta misma línea, la falta de legitimidad de la convención constituyente fue un punto importante. Parcialmente esto fue por el comportamiento problemático de algún miembro de la convención que mintió sobre tener cáncer para ser elegido. Rodrigo Rojas Vade reconoció que había mentido sobre su diagnóstico de cáncer, esto trajo consigo innumerables críticas, tanto en redes sociales como dentro del oficialismo, donde se exigió la salida del activista de la Convención. Este acontecimiento causó un daño a la credibilidad de la Convención, debido que el puesto que ejercía Rojas Vade era el de vicepresidente. Cuando ocurrió el suceso, en septiembre de 2021, la encuesta Cadem arrojó que la confianza que la ciudadanía tenía respecto a la Convención Constitucional había caído 6 puntos, ubicándose en 43%. Una encuesta más actualizada fue en abril del presente año donde el nivel de desconfianza en la Convención rondaba el 57%, mientras que el apoyo cayó al 41%, según la Encuesta Plaza Pública Cadem
Finalmente, debemos mencionar que se dieron varios obstáculos que dificultaron que los votantes entendieran y aprendieran sobre el contenido constitucional. Por ejemplo, se compartieron noticias falsas y desinformación en las redes sociales antes de la votación. En estudio realizado entre enero y marzo de este año por la ONG Derechos Digitales y la encuestadora Datavoz, arrojó que el 58% de los encuestados manifestó haber conocido información sobre la Convención Constituyente que finalmente resultó falsa. Los sesgos de información deben ser evitados por la ciudadanía, se requiere que hagan acciones decididas por informarse bien y contener de reproducir información sin verificar las fuentes. Lo mencionado es esencial para el proceso hacia un nueva Constitución, donde se pueda canalizar en diálogos y acuerdos las diferencias políticas y sociales que hoy separan a los habitantes de Chile.
Tras el rechazo de la ciudadanía hacia la propuesta constitucional, los académicos señalan que es probable que se de un nuevo intento por adoptar otra Carta Magna. Sin embargo, el presidente Gabriel Boric deberá enfrentarse a varios retos si quiere que la siguiente propuesta sea aprobada, tendrá que reconocer cuáles fueron los errores del anterior proyecto, abrir un proceso de diálogo y encaminarse a un proceso constituyente más incluyente. Su papel se debe enfocar en ser mediador de los acuerdos para poder llevar un nuevo proceso donde exista un consenso entre las diferentes posturas ideológicas por el beneficio del país.
Muy buen análisis.