De acuerdo con nuestra Constitución Política del Perú, si el Congreso no aprueba la Cuestión de Confianza o si el presidente del Consejo de Ministros renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce una crisis ministerial total y el gabinete en pleno renuncia. Por lo que, la salida del primer ministro Aníbal Torres y la entrada de Betssy Chávez en su lugar aumentaron la incertidumbre política en el Perú, ya que esto ha generado que se den preguntas sin respuestas sobre lo que se debe de hacer y sobre lo que va a pasar.
Pero la renuncia de Torres vino acompañada por la interpretación del Ejecutivo, en que el Congreso ya le había negado la primera cuestión de confianza solicitada, pese a que esta no fue discutida en el Pleno del Poder Legislativo. Porque según el acta de la última sesión del Consejo de Ministros del jueves 24 de noviembre, Torres remarcó que la decisión de la Mesa Directiva era “a todas luces una negación de la cuestión de confianza”. Porque se sabe que el Congreso seguramente no reacciona bien ante una figura política con la cual ya han tenido enfrentamientos, y Betssy Chávez, quien reemplaza a Aníbal Torres, está siendo investigada por la fiscalía por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado. (Redacción 2022)
También no omitamos de que esto se trata de que es la quinta persona en liderar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en lo que va de la gestión del mandatario Pedro Castillo desde el 28 de julio del 2021, porque quienes ejercieron esa función fueron; Guido Bellido (69 días), Mirtha Vásquez (117 días), Héctor Valer (4 días) y Aníbal Torres, quien es el que más ha durado en el cargo dado que juró hace diez meses. Entonces, ¿Qué es lo que se está difiriendo en la consideración del Congreso?, ¿El Congreso podría hacer algo ante estos cambios?, ¿Será acaso una mejor opción cerrar el congreso?, preguntas ante diversas cuestionables son las que nos tienen pensando en que pasaría en un futuro con el Congreso y como es que terminara la población Peruana involucrada con una de los miles de crisis en los que ya nos vemos envueltos, porque para nadie es sorpresa la áspera relación que tiene Castillo con el Congreso por las constantes rotaciones de altos cargos gubernamentales.
Dado a estos recientes acontecimientos que se han generado, pudimos percatarnos que ni Castillo y ni el Congreso tienen esclarecido su posición, a lo que de acuerdo con una reciente encuesta de la consultora Datum, 26% de la población respalda la gestión del presidente, 60% cree que deberían sacarlo o suspenderlo y 37% prefiere que termine su período en 2026. Y con respecto del Legislativo, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de fines de octubre reporta que 81% de consultados lo desaprueba y 56% cree que convocar a elecciones generales sería lo más conveniente para el país, por lo que algunos determinantes de estas sustituciones en el gabinete se debieron a la coacción de las oposiciones, pero es que incluso Pedro Castillo se encuentra en la encrucijada de una cuerda floja y la oposición que lo presiona, a lo que consagra gran parte de su dinamismo a evitar ser exonerado por el Congreso, colocando así a un número de personas que le aseguren sus votos en el Congreso, a lo que para haya un desacuerdo con Castillo se requiere un total de 87 votos para destituirlo y las dos primeras intenciones no salieron a flote, y esta inestabilidad política redunda en la actividad del Estado, por las constantes disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo que han provocado un emplazamiento en la que la única que pierde es la ciudadanía. Finalmente, la cuestión de confianza no es una herramienta de validación de las políticas del Gobierno, sino uno de los más de doce mecanismos de control político que tiene el Parlamento, estando en esta situación por responsabilidad del Gobierno que insiste en hacer cosas que están al margen de la ley.
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