Uno de los más resaltantes legados del gobierno dictatorial de Alberto Fujimori fue la conformación de un parlamento de una sola cámara, que rompió con la tradición bicameral peruana arraigada desde los inicios de la República. Para resolver la crisis
que enfrentaba el Perú en el último tramo del siglo XX y junto a una fuerte campaña por parte del gobierno, probablemente sonaba como una medida razonable. Sin embargo; más de dos décadas después y ante la paupérrima eficiencia del 11% que percibe el pueblo peruano en relación a la atención de las demandas por parte del gobierno―y, por ende, por parte de los proyectos emprendidos por los legisladores del congreso―, a través de aquello que llamamos satisfacción con la democracia y con una desaprobación de la gestión del parlamento del 79%, nos lleva a cuestionarnos respecto a si vamos por el rumbo correcto. La reforma constitucional emprendida por la Comisión de Constitución y Reglamento que plantea, entre otros puntos, el retorno a la bicameralidad, pone en jaque al fantasma que rodea a la ejecución de cambios para el fortalecimiento de la representación y de la democracia en el Perú.
Si volvemos nuestra vista a la constitución política, es posible reconocer que la situación que acabamos de describir tiene mucho que ver con la estructura orgánica que maneja el poder legislativo y su relación con la realidad palpable: una sola cámara conformada por 130 congresistas para una población electoral de aproximadamente 25 millones de electores, lo cual nos da una proporcionalidad de 192 mil electores por escaño, tasa que constituye una representatividad sumamente escasa en comparación a otros congresos unicamerales de América Latina como Ecuador, Panamá o Costa Rica. En consecuencia, el proyecto que plantea la comisión de constitución respecto a la reforma del artículo 90 para establecer como mínimo el número de ciento treinta diputados, sujeto a modificación en razón del incremento población, es una medida que favorece al ejercicio democrático.
Por otro lado, es necesario abocarnos al mayor manejo de madurez de las propuestas legislativas debatidas en el pleno; ya que, transcurrido el proceso de iniciativa, estudio de comisiones, debate y una vez aprobadas el congreso, son enviadas al ejecutivo para su promulgación. En contraste, la reforma a la que hacemos mención propone que dichos proyectos de ley pasen primero por el senado antes de llegar al presidente. Pero, ¿la existencia del senado garantizaría que dichas propuestas fueran más eficientes? Algunos requisitos que pone sobre la mesa el texto sustitutorio pueden llegar a ser prometedores, como contar con una carrera política o tener conocimiento del funcionamiento del estado, así como contar con treinta y cinco años al momento de la elección. Sin lugar a dudas, la expedición de leyes más aterrizadas en la realidad gracias a un mayor debate y conciencia, favorece a una mejor toma de decisiones para el desenvolvimiento del gobierno y, a la par, una mayor satisfacción con la democracia.
Finalmente, es posible concluir que los ejes de cambio que trae la Ley de Reforma Constitucional que restablece la Bicameralidad en el Congreso de la República del Perú que giran alrededor del retorno de la bicameralidad―sin entrar al terreno de la reelección parlamentaria―fortalecen el ejercicio democrático de representación, por la ampliación del número de diputados en sintonía con el número de habitantes; y, a su vez, brindan la oportunidad de desarrollar una legislación mucho más madura que esté a la talla de la magnitud de los problemas que enfrenta el país, lo cual consolida una democracia más apoyada por el pueblo peruano. Aunque, con todos los pros que significa, coincido con Patricia Juárez en que este proyecto de reforma todavía necesita ser ampliamente debatido; por un lado, destaco que un congreso de dos cámaras no solucionará espontáneamente todas las deficiencias del sistema, es necesario trabajar en una delimitación de funciones de ambas cámaras para evitar “cámaras gemelas”. Asimismo, considero que debe ir acompañado de un mayor número de representantes por región, tanto para el senado como para la cámara de diputados, con el propósito de evitar el centralismo que corroe la democracia.
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